Ceuta, Pegasus y la frontera de la resignación: ¿qué vendrá después?

 



Hay momentos en la historia de un país en los que las piezas empiezan a encajar de una manera demasiado inquietante como para limitarse a mirar hacia otro lado.

Ceuta atraviesa uno de esos momentos.

Ha pasado más de un mes desde la entrada masiva que puso en jaque a la ciudad. Más de un mes desde que decenas de miles de personas consiguieron dirigirse hacia una frontera española en unas circunstancias que todavía hoy están siendo investigadas. Más de un mes desde que la población ceutí descubrió, una vez más, que su seguridad puede quedar sometida a una presión extraordinaria en cuestión de horas.

Y, mientras tanto, desde Madrid se nos habla de una «nueva normalidad».

Nueva normalidad.

Hay expresiones que tranquilizan.

Y hay expresiones que, dependiendo de las circunstancias, producen exactamente el efecto contrario.

Porque si la nueva normalidad consiste en que Ceuta tiene que asumir periódicamente una presión migratoria extraordinaria, si consiste en que miles de personas pueden concentrarse ante una frontera española, si consiste en que los ciudadanos tienen que preguntarse si detrás de lo ocurrido existe una estrategia de presión política y si consiste en que el Gobierno tarda semanas en ofrecer explicaciones convincentes, entonces quizá deberíamos empezar a llamar a las cosas por su nombre.

Eso no es normalidad.

Es vulnerabilidad.

Y un Estado que acepta la vulnerabilidad como normalidad termina convirtiéndola en su forma habitual de funcionamiento.

No estamos hablando solamente de inmigración

Conviene empezar por aquí porque el debate se ha contaminado desde el primer momento.

Quien plantee dudas sobre lo sucedido en Ceuta corre el riesgo de ser acusado de criminalizar a los inmigrantes.

No.

No se trata de eso.

Una cosa son las personas que, empujadas por la pobreza, la desesperación o las expectativas generadas en las redes sociales, intentan llegar a Europa.

Otra cosa completamente diferente es preguntarse si una movilización masiva de esas dimensiones pudo ser aprovechada, facilitada o instrumentalizada por actores políticos o estatales.

Las dos cuestiones pueden coexistir.

Y negarse a analizar la segunda por miedo a incomodar en la primera es un error.

Lo que ocurrió en Ceuta no puede reducirse a una simple suma de decisiones individuales.

La propia investigación policial conocida estos días apunta a una entrada planificada, con diferentes oleadas y con una actuación anómala de agentes marroquíes. El informe señala que algunos gendarmes y agentes de paisano habrían guiado a personas hacia determinados puntos de entrada.

Eso no demuestra por sí solo que el Gobierno de Marruecos ordenara la operación.

Y sería irresponsable afirmar algo que la investigación todavía no ha probado.

Pero tampoco es razonable hacer como si esos indicios no existieran.

Porque cuando una frontera se encuentra ante un acontecimiento de semejante magnitud, la pregunta no puede ser únicamente «¿por qué vinieron?».

La pregunta debe ser también:

¿Quién permitió que pudieran llegar?

¿Quién facilitó los desplazamientos?

¿Quién sabía lo que estaba ocurriendo?

¿Quién pudo haberlo previsto?

¿Quién avisó?

¿Quién recibió esos avisos?

¿Y por qué España no fue capaz de anticiparse?

La pregunta incómoda: Marruecos

Durante demasiado tiempo, cualquier análisis que señalara a Marruecos era tratado casi como una provocación.

Pero resulta que ahora existe una investigación judicial.

Resulta que existe un informe policial.

Resulta que la Audiencia Nacional está estudiando los hechos y que la magistrada María Tardón aprecia indicios que justifican investigar el episodio incluso desde la perspectiva de un posible ataque contra la integridad territorial del Estado.

Y resulta que el Gobierno ha decidido desclasificar informes recibidos durante las semanas anteriores y posteriores a la crisis.

Todo ello debería bastar para comprender que estamos ante algo mucho más serio que una simple crisis migratoria.

La pregunta sobre el papel de Marruecos ya no puede ser presentada como una extravagancia.

Es una de las preguntas centrales de la investigación.

Otra cosa es cuál será finalmente la respuesta.

Pero preguntar no es acusar.

Investigar no es declarar una guerra diplomática.

Y exigir explicaciones no es odiar a Marruecos.

Es exactamente lo que debería hacer cualquier Gobierno responsable cuando existe una amenaza potencial contra una frontera nacional.

Y entonces aparece Pegasus

Aquí es donde el asunto adquiere una dimensión todavía más incómoda.

Porque para entender la relación entre España y Marruecos en los últimos años no podemos olvidar el episodio de Pegasus.

En mayo de 2022 el Gobierno español confirmó que los teléfonos móviles del presidente Pedro Sánchez y de la entonces ministra de Defensa, Margarita Robles, habían sufrido intrusiones mediante el programa espía Pegasus.

Posteriormente se conoció que también el móvil del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había sido infectado en dos ocasiones durante junio de 2021.

Y en el caso de Luis Planas se detectó un intento de infección.

Cuatro miembros del Gobierno.

Cuatro teléfonos especialmente sensibles.

Información política, diplomática, militar, económica y de seguridad concentrada en dispositivos que, en algunos casos, fueron comprometidos.

Y aquí debemos volver a ser rigurosos.

No existe una sentencia que haya establecido de manera definitiva que el Gobierno de Marruecos ordenó aquellas intrusiones.

Pero tampoco puede ignorarse que la hipótesis marroquí fue considerada plausible por una misión del Parlamento Europeo que investigó el caso Pegasus.

Y eso nos lleva a una pregunta política inevitable.

¿Qué hizo el Gobierno de España después?

Mayo de 2021: el momento que lo cambió todo

Hay una fecha que merece ser recordada.

Mayo de 2021.

La crisis de Ceuta.

La entrada masiva.

La tensión con Marruecos.

Y, poco después, las intrusiones de Pegasus en teléfonos de miembros del Gobierno.

El móvil de Pedro Sánchez sufrió dos extracciones de información en mayo y junio de 2021. En el caso de Marlaska, Pegasus penetró también en junio de aquel año.

Son hechos que, considerados individualmente, ya son gravísimos.

Considerados conjuntamente, obligan a formular preguntas.

No afirmaciones.

Preguntas.

¿Quién estaba detrás?

¿Qué información se obtuvo?

¿Qué consecuencias tuvo aquella información?

¿Existió alguna relación entre el espionaje y la crisis diplomática con Marruecos?

¿Se utilizaron los datos sustraídos para ejercer presión sobre el Gobierno español?

¿Se produjo posteriormente un cambio sustancial en la política española hacia Rabat?

Y, sobre todo:

¿Hasta qué punto quedó condicionada la política exterior española por lo que alguien pudo haber encontrado dentro de los teléfonos de los máximos responsables del Estado?

Esta última pregunta es probablemente la más incómoda de todas.

Porque si la respuesta fuera que nada cambió, perfecto.

Pero si alguien pudo utilizar información obtenida ilegalmente para presionar a un Gobierno, entonces estaríamos ante algo muchísimo más grave que un simple caso de espionaje.

Estaríamos ante una posible vulnerabilidad estratégica del Estado español.

 


 

La política española hacia Marruecos cambió

Y aquí llegamos a otro hecho político que resulta imposible ignorar.

Después de la crisis de 2021, España modificó sustancialmente su posición sobre el Sáhara Occidental.

En marzo de 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez comunicó que consideraba la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara como «la base más seria, creíble y realista» para resolver el conflicto.

El giro fue extraordinario.

Y, desde entonces, la relación entre Madrid y Rabat entró en una nueva etapa.

Se recuperó la cooperación.

Se reforzó la relación bilateral.

Se cerró la crisis diplomática.

Y España pasó a defender una posición sobre el Sáhara que suponía un cambio muy significativo respecto a la tradicional política española.

¿Fue una decisión legítima de política exterior?

Por supuesto que un Gobierno puede modificar la política exterior de España.

Pero una decisión puede ser jurídicamente legítima y, al mismo tiempo, políticamente discutible.

Y cuando esa decisión se produce después de una gravísima crisis con Marruecos y de un episodio de espionaje que afectó al presidente y a varios ministros, es perfectamente legítimo preguntarse si existe alguna conexión.

Insisto:

Preguntarse.

No afirmar.

Porque precisamente lo que necesitamos es saber.

Y en medio de todo esto está Luis Planas

Hay otro elemento que merece atención.

Luis Planas no es un desconocedor de Marruecos.

Fue embajador de España en el Reino de Marruecos entre 2004 y 2010, durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. Su nombramiento consta en el Boletín Oficial del Estado.

Posteriormente se convirtió en uno de los miembros más importantes de los Gobiernos de Pedro Sánchez.

Y su conocimiento de las relaciones hispano-marroquíes ha sido precisamente uno de los elementos destacados de su trayectoria política.

Eso no constituye ninguna acusación.

Tener experiencia diplomática en Marruecos no convierte a nadie en sospechoso de nada.

Pero sí permite entender por qué determinadas decisiones del Gobierno sobre Rabat deben analizarse con especial atención.

Porque España no está tratando con un país desconocido.

Estamos hablando de un vecino con el que existen relaciones históricas, económicas, comerciales, migratorias, diplomáticas y de seguridad.

Y también de un vecino que mantiene reivindicaciones territoriales sobre Ceuta y Melilla.

Eso último tampoco debería olvidarse.

Ceuta no es un accidente diplomático

Marruecos nunca ha ocultado su posición sobre Ceuta y Melilla.

Para Rabat, ambas ciudades forman parte de su discurso territorial.

Para España, son ciudades españolas.

No hay aquí ningún misterio.

Y precisamente por eso resulta sorprendente que, cada vez que aparece una crisis en Ceuta, parezca que España descubre de nuevo que existe un problema.

No.

El problema lleva décadas existiendo.

La diferencia está en la intensidad.

Y también en la capacidad de respuesta.

Un país que sabe que su vecino reivindica determinados territorios debería disponer de una estrategia permanente para protegerlos.

No solamente militar.

También diplomática.

Económica.

Social.

Tecnológica.

De inteligencia.

Y europea.

Porque la mejor manera de evitar una crisis no consiste únicamente en responder cuando empieza.

Consiste en conseguir que el adversario potencial sepa, antes de provocarla, que el coste será demasiado elevado.

¿Y si lo de Ceuta es una guerra híbrida?

Esta expresión se ha convertido en una especie de comodín político.

Pero tiene un significado concreto.

Una guerra híbrida no necesita tanques cruzando una frontera.

Puede utilizar desinformación.

Ciberataques.

Presión económica.

Espionaje.

Instrumentalización migratoria.

Campañas de influencia.

Presión diplomática.

Movilización social.

Ataques contra infraestructuras.

Y una combinación de todas ellas.

Por eso resulta tan peligroso analizar cada episodio por separado.

Un ataque informático es simplemente un ataque informático.

Una crisis migratoria es simplemente una crisis migratoria.

Una campaña de desinformación es simplemente una campaña de desinformación.

Una presión diplomática es simplemente una presión diplomática.

Pero si todos esos elementos aparecen coordinados, entonces la suma puede ser mucho más peligrosa que cada uno de ellos por separado.

No estoy diciendo que eso sea exactamente lo que ha ocurrido.

Estoy diciendo que un Estado responsable tiene la obligación de preguntárselo.

Y de investigarlo.

La «nueva normalidad» es precisamente el problema

Por eso me resulta tan preocupante que algunos responsables políticos hablen de una nueva normalidad.

Porque la normalidad no debería ser una frontera sometida periódicamente a una presión extraordinaria.

La normalidad no debería ser que miles de personas puedan concentrarse ante una ciudad española en cuestión de horas.

La normalidad no debería ser que las autoridades españolas tengan que esperar a que se produzca el problema para reaccionar.

La normalidad no debería ser que existan dudas sobre si las autoridades del país vecino colaboraron, miraron hacia otro lado o facilitaron determinadas actuaciones.

La normalidad tampoco debería ser que el Gobierno español tenga que equilibrar permanentemente la defensa de sus intereses con el temor a deteriorar la relación con Rabat.

Eso no es normalidad.

Es dependencia.

Y una política exterior basada en la dependencia siempre acaba teniendo un precio.

¿Hasta cuándo vamos a aceptar esta situación?

Aquí es donde aparece la pregunta que probablemente más molesta.

¿Hasta cuándo?

¿Hasta cuándo va a tener que aguantar Ceuta?

¿Hasta cuándo van a tener que convivir sus ciudadanos con la incertidumbre?

¿Hasta cuándo vamos a considerar que pedir explicaciones a Marruecos puede poner en peligro una relación diplomática?

¿Hasta cuándo vamos a aceptar que la frontera exterior de la Unión Europea dependa de la voluntad de un tercer país?

¿Hasta cuándo vamos a confiar en que la cooperación bilateral impedirá que vuelva a ocurrir?

¿Hasta cuándo vamos a seguir reaccionando en lugar de anticiparnos?

Y hay una pregunta todavía más inquietante.

¿Qué vendrá después?

Porque si Ceuta puede ser sometida a una presión de estas dimensiones, nadie puede permitirse pensar que el problema termina necesariamente en Ceuta.

¿Melilla?

Melilla comparte muchas de las vulnerabilidades de Ceuta.

Es una ciudad española.

Es frontera exterior de la Unión Europea.

Está situada en el norte de África.

Está rodeada territorialmente por Marruecos.

Y también es objeto de reivindicación por parte de Rabat.

Por tanto, la pregunta no es descabellada.

¿Puede Melilla convertirse en el próximo escenario de una crisis?

No sabemos si ocurrirá.

Y sería irresponsable afirmar que ocurrirá.

Pero precisamente porque no sabemos si ocurrirá, debemos estar preparados.

Un Gobierno responsable no espera a que el segundo incendio empiece para comprar extintores.

Los compra antes.

¿Y las Islas Canarias?

Aquí el asunto adquiere otra dimensión.

Canarias no tiene una frontera terrestre con Marruecos.

Pero sí constituye uno de los principales puntos de entrada de la ruta atlántica de inmigración irregular.

Y la presión migratoria sobre las islas ha demostrado ya que la geografía no impide que una crisis migratoria se convierta en una crisis política y social de primer orden.

Además, Canarias se encuentra en un espacio geopolítico extraordinariamente sensible.

África.

Atlántico.

Rutas marítimas.

Pesca.

Energía.

Migración.

Intereses europeos.

Intereses marroquíes.

Intereses de otros actores internacionales.

No se trata de alimentar el miedo.

Se trata de comprender que la seguridad nacional ya no puede analizarse pensando exclusivamente en fronteras físicas.

La amenaza moderna puede aparecer donde menos se espera.

Y puede hacerlo sin un solo soldado cruzando una frontera.

El Gobierno debe decidir qué quiere ser

Llegados a este punto, Pedro Sánchez tiene una decisión política que tomar.

Puede seguir apostando por una relación con Marruecos basada fundamentalmente en la cooperación y la discreción.

Es una opción legítima.

Pero esa relación debe tener límites.

España no puede ser un socio complaciente.

Debe ser un socio firme.

Un país puede colaborar con Marruecos en inmigración y, simultáneamente, exigirle que respete escrupulosamente las fronteras españolas.

Puede cooperar contra el terrorismo y, al mismo tiempo, investigar un posible episodio de espionaje.

Puede defender la autonomía del Sáhara como solución política y, al mismo tiempo, recordar que Ceuta y Melilla son españolas.

Puede trabajar con Rabat y, cuando sea necesario, decirle que no.

Eso es una relación entre iguales.

Lo contrario es otra cosa.

El silencio también tiene consecuencias

Hay una frase que debería acompañar cualquier análisis de esta crisis:

El silencio también es una decisión.

Cuando un Gobierno no responde con claridad, alguien termina llenando el vacío.

Cuando no explica qué ocurrió, aparecen rumores.

Cuando no publica información, aparecen filtraciones.

Cuando no identifica responsabilidades, aparecen teorías.

Y cuando durante demasiado tiempo no existe una explicación convincente, la ciudadanía comienza a construir la suya.

Por eso la decisión anunciada hoy de desclasificar los informes relacionados con la crisis puede ser una oportunidad. El Gobierno ha aprobado la publicación de documentación elaborada por el CNI, la inteligencia militar, la Policía y la Guardia Civil sobre la situación previa y posterior a los acontecimientos de julio.

Que se conozca la verdad.

Toda la verdad que pueda conocerse sin poner en peligro fuentes, agentes o información legítimamente protegida.

Y después, responsabilidades.

Si hubo errores, que se reconozcan.

Si hubo negligencia, que se investigue.

Si hubo manipulación, que se descubra.

Si hubo agentes marroquíes implicados, que se determine hasta dónde llegó esa implicación.

Y si finalmente no existió una operación organizada por el Gobierno de Marruecos, que también quede demostrado.

Lo que no puede suceder es que la verdad vuelva a quedar atrapada entre intereses diplomáticos, secretos oficiales y cálculos electorales.

España no puede gobernarse con miedo

Este es, en realidad, el fondo de la cuestión.

No se trata solamente de Ceuta.

No se trata solamente de Marruecos.

No se trata solamente de Sánchez.

Se trata de algo mucho más importante.

Se trata de si España está dispuesta a defender sus intereses nacionales incluso cuando hacerlo resulte incómodo.

Porque gobernar consiste también en tomar decisiones difíciles.

Y un presidente del Gobierno no puede actuar pensando exclusivamente en qué decisión le permitirá pasar una semana más sin problemas diplomáticos.

Tiene que pensar qué decisión protege mejor a España dentro de cinco, diez o veinte años.

Si Marruecos es un socio estratégico, debemos cuidarlo.

Pero precisamente porque es un socio estratégico debemos establecer una relación equilibrada.

Los socios no se chantajean.

Los aliados no se espían.

Los vecinos no utilizan las fronteras como mecanismos de presión.

Y los Estados soberanos no deben aceptar que otro país determine hasta dónde pueden defender sus propios intereses.

La cuestión de Pegasus sigue pendiente

Quizá una de las grandes asignaturas pendientes sea precisamente esta.

España nunca ha obtenido una explicación plenamente satisfactoria sobre quién estuvo detrás de Pegasus.

El hecho de que los teléfonos del presidente y de varios ministros fueran atacados ya es suficientemente grave.

Que existieran sospechas sobre Marruecos añade una dimensión diplomática extraordinaria.

Y que después España modificara sustancialmente su posición sobre el Sáhara añade, como mínimo, una secuencia temporal que merece ser estudiada.

¿Existe relación causal?

No lo sabemos.

¿Hay pruebas públicas concluyentes?

No.

¿Debe investigarse?

Sin ninguna duda.

Porque en asuntos de seguridad nacional las coincidencias también deben analizarse.

No para fabricar una conspiración.

Precisamente para descartarla si no existe.

Un Estado serio no tiene miedo de investigar aquello que podría incomodarle.

Lo investiga porque necesita saber.

Y ahora tenemos que mirar hacia delante

El error sería quedarse atrapados en lo sucedido.

Ceuta necesita soluciones.

España necesita una estrategia.

Y Europa necesita asumir su responsabilidad.

Hay que reforzar la frontera.

Hay que mejorar los sistemas de vigilancia.

Hay que garantizar recursos suficientes a Policía y Guardia Civil.

Hay que reforzar los servicios de inteligencia.

Hay que establecer mecanismos de respuesta rápida.

Hay que trabajar con Marruecos, sí.

Pero también hay que tener planes para el supuesto de que Marruecos deje de colaborar.

Porque esa es la definición de una estrategia:

estar preparado para el escenario favorable y también para el desfavorable.

No podemos permitir que nuestra seguridad dependa de que todo el mundo se comporte siempre como esperamos.

Eso no es seguridad.

Eso es optimismo.

Ceuta no pide una guerra

Ceuta no necesita una guerra con Marruecos.

Necesita algo mucho más elemental.

Necesita saber que España está detrás de ella.

Que Madrid no la considera una molestia diplomática.

Que Europa no la considera una frontera secundaria.

Que sus ciudadanos no van a ser quienes paguen el precio de los acuerdos internacionales.

Que si alguien intenta utilizar la ciudad como instrumento de presión, encontrará delante a un Estado preparado.

Y que las decisiones que afectan a su seguridad no se tomarán pensando primero en Rabat y después en Ceuta.

El orden debería ser justamente el contrario.

Primero España.

Después los intereses de España.

Y dentro de España, también Ceuta y Melilla.

La diplomacia vendrá después.

Porque las fronteras también son líneas rojas

Durante demasiado tiempo hemos confundido la prudencia con la debilidad.

Y son cosas diferentes.

Ser prudente es evitar una escalada innecesaria.

Ser débil es permitir que el otro lado crea que puede tensar la cuerda indefinidamente.

Ser diplomático es negociar.

Ser complaciente es aceptar condiciones por miedo a las consecuencias de no aceptarlas.

España debe decidir dónde está la frontera entre ambas cosas.

Y debe hacerlo antes de que llegue la siguiente crisis.

Porque la historia demuestra que las crisis no siempre avisan.

A veces empiezan con un pequeño incidente.

Una frontera que se relaja.

Una campaña en redes sociales.

Una filtración.

Una operación de inteligencia.

Un movimiento migratorio.

Una declaración política.

Un conflicto diplomático.

Y, de repente, todo se acelera.

Eso es precisamente lo que un Estado debe impedir.

No cuando todo ha empezado.

Antes.

¿Qué vendrá después?

Esta es la pregunta que deberíamos hacernos ahora.

No mañana.

Ahora.

¿Será otra crisis en Ceuta?

¿Será Melilla?

¿Será una nueva presión migratoria?

¿Será Canarias?

¿Será un ciberataque?

¿Será otra operación de espionaje?

¿Será una campaña de desinformación?

¿Será una combinación de varias de ellas?

No lo sabemos.

Y quien diga que lo sabe está mintiendo.

Pero sí sabemos algo.

Sabemos que existen antecedentes.

Sabemos que Ceuta ya ha sufrido crisis graves.

Sabemos que los móviles de miembros del Gobierno fueron atacados mediante Pegasus.

Sabemos que la hipótesis de una implicación marroquí en aquel espionaje ha sido considerada plausible por investigadores europeos, aunque no haya quedado establecida judicialmente como hecho probado.

Sabemos que Luis Planas fue embajador en Marruecos.

Sabemos que España modificó posteriormente de manera sustancial su política sobre el Sáhara.

Sabemos que en 2026 se ha producido una nueva crisis fronteriza de dimensiones extraordinarias.

Sabemos que un informe policial ha señalado una actuación anómala de agentes marroquíes.

Sabemos que la Audiencia Nacional investiga los hechos.

Y sabemos que el Gobierno ha tenido que recurrir ahora a la desclasificación de informes para explicar qué sabía y cuándo lo sabía.

¿Significa todo esto que exista una estrategia deliberada del Gobierno de Marruecos contra España?

No lo sabemos.

Y precisamente por eso hay que investigarlo.

Lo que no podemos hacer es mirar hacia otro lado

Porque la alternativa es mucho peor.

La alternativa es aceptar que todo son casualidades.

Que Pegasus fue simplemente un episodio de espionaje sin consecuencias.

Que la crisis de Ceuta fue simplemente una explosión migratoria espontánea.

Que la actuación de agentes marroquíes fue simplemente una casualidad.

Que el cambio de política exterior española fue simplemente una decisión política independiente.

Que las reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla son simplemente declaraciones.

Que todo está bajo control.

Que nunca volverá a ocurrir.

Y que, si vuelve a ocurrir, ya veremos.

Ese «ya veremos» es el verdadero peligro.

Porque cuando un Estado espera a ver qué sucede, deja de controlar los acontecimientos.

Y empieza a reaccionar ante ellos.

No quiero vivir en un país que tenga miedo de defenderse

No quiero una España que busque enemigos en todas partes.

Pero tampoco quiero una España que tenga miedo de reconocer una amenaza cuando aparece.

No quiero que se demonice al pueblo marroquí.

No quiero que se convierta la inmigración en una excusa para alimentar el odio.

No quiero una guerra diplomática.

No quiero una escalada militar.

Quiero algo mucho más sencillo.

Quiero un Gobierno que tenga información.

Que diga la verdad.

Que proteja las fronteras.

Que defienda a sus ciudadanos.

Que investigue el espionaje.

Que exija explicaciones a quien corresponda.

Que no tenga miedo de reconocer sus errores.

Y que, sobre todo, no confunda la buena vecindad con la sumisión.

Porque una cosa es tener un vecino poderoso.

Y otra muy distinta es permitir que ese vecino termine condicionando nuestras decisiones.

Ceuta merece algo mejor

Ceuta merece algo mejor que ser utilizada como escenario cada vez que la relación entre Madrid y Rabat atraviesa dificultades.

Merece algo mejor que aparecer en los discursos de los políticos durante una crisis y desaparecer de sus prioridades cuando los focos se apagan.

Merece una estrategia de Estado.

Una estrategia que dure más que una legislatura.

Una estrategia que no dependa de quién gobierne.

Una estrategia que combine seguridad, diplomacia, economía, inteligencia, defensa, inmigración y presencia europea.

Porque Ceuta no es un problema.

Ceuta es España.

Y Melilla tampoco es un problema.

Melilla es España.

Y Canarias no es una periferia olvidada.

Canarias también es España.

Defenderlas no significa buscar conflictos.

Significa evitar que otros puedan pensar que somos vulnerables.

Hasta aquí hemos llegado

Quizá por eso la pregunta «¿hasta cuándo aguantaremos?» no debería dirigirse únicamente al Gobierno de Pedro Sánchez.

Debería dirigirse a toda la clase política.

¿Hasta cuándo vamos a permitir que asuntos de Estado se utilicen como armas partidistas?

¿Hasta cuándo vamos a aceptar que cada crisis se convierta en una pelea electoral?

¿Hasta cuándo vamos a carecer de una verdadera estrategia nacional sobre Ceuta y Melilla?

¿Hasta cuándo vamos a depender de terceros países para controlar nuestra propia frontera?

¿Hasta cuándo vamos a mirar a Europa solamente cuando necesitamos ayuda?

¿Hasta cuándo vamos a tratar el espionaje como un escándalo pasajero?

¿Hasta cuándo vamos a exigir a los ciudadanos que confíen mientras las instituciones no terminan de explicar?

Y, sobre todo:

¿Hasta cuándo vamos a esperar para prepararnos para la próxima crisis?

Porque la próxima crisis llegará.

Quizá sea en Ceuta.

Quizá en Melilla.

Quizá en Canarias.

Quizá adopte una forma completamente distinta.

Lo que no sabemos es cuándo ni cómo.

Y precisamente por eso un Gobierno responsable debe estar preparado para todas ellas.

La política de seguridad no puede consistir en cruzar los dedos.

La política exterior no puede consistir en evitar que el vecino se enfade.

La diplomacia no puede convertirse en una renuncia permanente.

Y la estabilidad no puede construirse sobre la esperanza de que nadie vuelva a poner a prueba nuestras fronteras.

La última palabra la tiene España

A estas alturas, el Gobierno tiene una oportunidad.

La desclasificación de los informes sobre Ceuta puede convertirse en un punto de inflexión.

Que se conozca lo que ocurrió.

Que se sepa qué información llegó al Gobierno.

Que se determine qué organismos alertaron.

Que se expliquen los fallos.

Que se investigue el papel de los agentes marroquíes.

Que se aclare todo lo posible sobre la cadena de acontecimientos.

Y que, si hubo responsabilidades, se asuman.

Sin excusas.

Sin propaganda.

Sin miedo.

Porque la verdad no debería debilitar a un Estado.

Debería fortalecerlo.

Y quizá esa sea la lección que deberíamos extraer de todo esto.

No se trata de elegir entre España y Marruecos.

Se trata de que España sepa exactamente cuáles son sus intereses y sea capaz de defenderlos.

No se trata de odiar a nadie.

Se trata de no tener miedo.

No se trata de cerrar las fronteras al mundo.

Se trata de saber quién entra, por dónde entra y en qué circunstancias.

No se trata de romper con Marruecos.

Se trata de relacionarse con Marruecos desde la igualdad.

Y no se trata de vivir esperando el próximo ataque.

Se trata de impedir que quien pueda estar pensando en provocarlo llegue a creer que España no responderá.

Porque una frontera no es solamente una línea dibujada sobre un mapa.

Es una responsabilidad.

Es una garantía.

Es una promesa que un Estado hace a sus ciudadanos.

La promesa de que, cuando llegue el momento difícil, no estarán solos.

Y Ceuta lleva demasiado tiempo preguntándose si esa promesa sigue en pie.

Por eso hoy, después de todo lo ocurrido, después de Pegasus, después de los cambios en la política hacia Marruecos, después de la última crisis y después de las dudas que todavía permanecen sobre lo sucedido, la pregunta sigue siendo la misma.

¿Hasta cuándo?

Y quizá deberíamos añadir otra.

¿Qué vendrá después?

Porque si la respuesta es «no lo sabemos», entonces la obligación del Gobierno es muy sencilla:

Prepararse.

Antes de que sea Ceuta otra vez.

Antes de que sea Melilla.

Antes de que tengamos que preguntarnos por Canarias.

Antes de que una nueva crisis nos encuentre, una vez más, mirando hacia otro lado.

España no puede permitirse otra sorpresa.

Y mucho menos puede permitirse convertir la sorpresa en costumbre.

Porque la «nueva normalidad» que algunos quieren presentarnos como solución puede terminar siendo, si no reaccionamos a tiempo, la antesala de la próxima crisis.

 


 

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